El jaldismo gestiona anticipos financieros con el gobierno nacional ante la tensión por la Coparticipación Federal

En un contexto de creciente tensión entre las provincias y el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo tucumano emitió el decreto 1511/3, que faculta al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, a suscribir convenios con las autoridades nacionales para obtener anticipos financieros transitorios reintegrables. Esta medida busca paliar la crítica situación fiscal provincial, mientras los gobernadores, incluido Osvaldo Jaldo, reclaman al presidente Javier Milei el respeto a la coparticipación federal y el giro de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece que los anticipos serán a cuenta de la coparticipación de Tucumán, conforme al régimen de la Ley 23.548, y deberán reintegrarse en el mismo mes de su otorgamiento mediante retenciones del Banco de la Nación Argentina sobre los impuestos coparticipados, más los intereses correspondientes. En su artículo 1°, el texto decreta: “Facúltase al Sr. Ministro de Economía y Producción a suscribir convenios en representación del Superior Gobierno de la Provincia, con las autoridades pertinentes del Estado Nacional, para la obtención de anticipos financieros transitorios, con reintegro en el mismo mes de su otorgamiento.”

La decisión de Tucumán se enmarca en un reclamo colectivo de los gobernadores, quienes el pasado 23 de junio se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires para consensuar una estrategia frente a la paralización de recursos por parte del gobierno de Milei. En el encuentro, que contó con la presencia de 22 de los 24 distritos, incluyendo a Jaldo, se firmó un acta compromiso para avanzar en un proyecto de ley que modifique la Ley 23.966 del impuesto a los combustibles y la Ley de Coparticipación Federal. Los mandatarios denunciaron la subejecución de los ATN y la distribución discrecional de fondos, exigiendo una redistribución equitativa y automática según los coeficientes de coparticipación de cada provincia.

Discrecionalidad

Abad, explicó la posición adoptada por los mandatarios distritales: “Queremos que el impuesto a los combustibles se distribuya como la coparticipación federal, de manera automática y equitativa según los coeficientes de cada provincia.” Además, señaló que estos fondos, actualmente subejecutados, son distribuidos de forma discrecional, afectando la capacidad de las provincias para cumplir con sus responsabilidades en áreas como seguridad, salud y educación. “No es quitarle recursos a la Nación, sino garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde,” afirmó.

Sobre los ATN, Abad fue contundente: “Hay subejecución y falta de transparencia. Proponemos que se distribuyan con el mismo criterio que la coparticipación federal, con un goteo diario a través del Banco Nación.” El ministro destacó el consenso entre los ministros de Economía de las 24 jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y subrayó que la propuesta no compromete el equilibrio fiscal nacional, sino que busca una “redistribución justa para que las provincias puedan definir sus prioridades.”

La reunión en el CFI reflejó la unidad de las provincias ante la caída de la recaudación y la falta de respuestas de la Casa Rosada. Según un informe de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias por coparticipación caerán un 4,2% en 2025, representando una pérdida de casi 2,5 billones de pesos para las provincias, equivalente al 0,3% del PBI.

El reclamo provincial se intensifica en un año electoral, donde los gobernadores buscan contrastar sus gestiones con la administración de Milei. La creación de una comisión para redactar el proyecto de ley, acordada en el CFI, marca un paso hacia la negociación con Nación, aunque persisten tensiones entre los mandatarios dialoguistas y aquellos que apuestan por un reclamo más duro.

Mientras tanto, el decreto 1511/3, que fue suscripto por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, refleja la urgencia de la provincia por asegurar recursos inmediatos. La facultad otorgada a Abad para gestionar anticipos financieros transitorios es un intento de garantizar liquidez en un escenario de incertidumbre, donde la coparticipación y los ATN se convirtieron en el epicentro del conflicto fiscal entre Nación y provincias.